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Publicado también en: Francesca GARGALLO, “Un pueblo olvidado en el desierto”, en Masiosare, suplemento del diario La Jornada, n. 426, 19 de febrero de 2006, http://www.jornada.unam.mx/2006/02/19/mas-gargallo.html.

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Un pueblo olvidado en el desierto

Francesca Gargallo

 

En un solo día, el 27 de febrero de 1976, el Sahara Occidental logró su independencia de España, en su territorio se fundó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y Marruecos y Mauritania le declararon la guerra. Treinta años después, el pueblo saharaui ­”pueblo árabe, africano y musulmán”, según el primer párrafo de su Constitución, y el único estado arábigo de habla hispana­ vive dividido entre un franja del propio territorio liberado tras la invasión y derrota de Mauritania, y alrededor de 25 campamentos de refugiados en la zona más inhóspita del Sahara argelino ­la hamada­ y el territorio invadido por la monarquía marroquí.

Hasta hoy, la RASD ha sido reconocida por 80 países de cuatro continentes, el primero de ellos Madagascar, que estableció relaciones diplomáticas el 28 de febrero de 1976, posteriormente Ruanda, Argelia, Angola, Mozambique, Seychelles y México que, gracias a la actuación del entonces embajador en Argelia, Óscar González, dio su respaldo irrestricto al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, mientras que los últimos reconocimientos provienen de Sudáfrica, Kenia, Uruguay y Ecuador. No obstante, todavía el 1 de febrero de 2006, el reino de Marruecos llamaba la atención al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, sobre la “injerencia extranjera” que reconoce “una pseudo-república del Sahara”.

Un largo “muro de seguridad” ­internacionalmente conocido como el Muro de la Vergüenza­ separa desde 1988 el territorio invadido de la zona liberada por el Frente Polisario, la organización político-militar que se fundó en 1973 con el fin de lograr la independencia de España y que, en 1979, firmó un acuerdo de paz con Mauritania. Según Marruecos, ese muro no representa una división territorial ni legitima la existencia de un territorio liberado, es tan sólo un resguardo, una barrera que garantiza el alto al fuego que el Polisario estableció por mediación de las Naciones Unidas.

Para España, el Sahara es un tema contencioso entre Madrid y Rabat, que se junta al de Ceuta y Melilla; y es también un punto de contacto entre su política internacional y nacional, dado el enorme respaldo popular que tienen los saharauis entre los españoles. Para Francia, el Sahara Occidental es una zona de tradición colonial no francesa que rompe el monopolio de su injerencia en el norte de África, de ahí que de forma permanente haya respaldado las pretensiones colonialistas marroquíes. Para Marruecos, el Sahara Occidental es una fuente de materias primas excepcional, amén de que le es indispensable someterlo por motivos de estabilidad interna, pues para su población dominada por una monarquía despótica es un recordatorio constante de la posibilidad de un gobierno democrático y musulmán, donde la violencia contra las mujeres es castigada con el repudio social. Para la Organización de Naciones Unidas, es un territorio cuyas reivindicaciones de independencia han sido examinadas tanto por la Asamblea Nacional, en razón de ser un asunto de descolonización, como por el Consejo de Seguridad, por tratarse de una cuestión de paz y seguridad. En julio de 2005, Kofi Annan nombró a Peter van Walsum como nuevo enviado especial para el Sahara Occidental, pero la ONU no ha logrado sacar del estancamiento la situación de esa república árabe hispanoparlante, que Marruecos considera su provincia del sur. Para la Unidad Africana la posición estaba clara desde su inicio y por ello reconoce a la RASD como miembro de pleno derecho desde 1985.

La riqueza en fosfatos de la región de Bu Craa, en bancos de pesca en las aguas atlánticas frente a las Islas Canarias, y en petróleo en la frontera con Argelia son la motivación principal de la acción marroquí. Desde 1962, a nivel internacional se reconoce la “soberanía permanente sobre los recursos naturales”, entendido como el derecho de los pueblos y las naciones a usar los recursos naturales en sus territorios, pero todavía hoy no son claros su alcance y consecuencias jurídicas exactas. En particular no se sabe si el principio de la soberanía permanente prohíbe toda actividad relacionada con los recursos naturales que pueda emprender una potencia administradora. De ahí que Marruecos presione el reconocimiento del Sahara como una parte de su territorio nacional y dificulte todo proceso de censo, voto y participación de los saharauis a favor de su autodeterminación.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones los tratos inhumanos y degradantes que las autoridades marroquíes dispensan a los saharauis. Marruecos no sólo bombardeó con napalm y fósforo blanco a las caravanas de mujeres, infantes y ancianos que se dirigían a las zonas de asilo proporcionadas por Argelia en 1976, así como los campamentos de refugiados de Um Drega, Tifariti, Amgala, El Maltani y Gelta Zemur, sino que en los territorios invadidos sigue reprimiendo manifestaciones, encarcelando a los activistas de derechos humanos, torturando a los representantes políticos y jurídicos saharauis, a quienes también prohíbe salir de Marruecos para representar a nivel internacional a su pueblo. Las condiciones de vida de los presos en la “cárcel negra” de El Aaiun han dado prueba de la voluntad marroquí de no reconocer derecho alguno a las y los saharauis.

Las preguntas obligadas a estas alturas son ¿por qué ningún país europeo ha reconocido la RASD a pesar de la existencia del grupo “paz para el pueblo saharaui” en el Parlamento Europeo? ¿Por qué no intervienen jurídicamente contra la ocupación militar del Sahara Occidental por parte de Marruecos, a pesar de que existan decenas de resoluciones del Parlamento Europeo que defienden el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y envían anualmente apoyo humanitario a los campamentos de refugiados?

El 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia informaba a la Asamblea General de la ONU que no existía soberanía territorial alguna de Marruecos y Mauritania sobre el territorio del Sahara Occidental, sólo vínculos históricos y culturales. Asimismo, afirmaba que “en tiempos de la colonización de España” (1884) éste no era “tierra de nadie”, pues estaba habitado por un pueblo nómada, organizado social y políticamente bajo jefes competentes. En noviembre del mismo año, España, Marruecos y Mauritania emitieron una declaración sobre el Sahara Occidental, el “Acuerdo de Madrid”, según la cual las responsabilidades de España como “potencia administradora” del territorio se transferían a una administración temporal tripartita, que no afectaba su condición internacional de “territorio no autónomo”. Este acuerdo no fue presentado a las cortes españolas ni publicado en su Boletín Oficial. En 1976 España se retiró de esa administración sin un claro reconocimiento del gobierno saharaui independiente. Mauritania, que junto con Marruecos atacó inmediatamente después a la RASD, en 1979 firmó la paz con ella y en 1984 la reconoció oficialmente.

Marruecos se declara hoy ” única potencia administrativa del Sahara Occidental”. Entre 1990 y 2000 manipuló a las organizaciones internacionales, fingiendo aceptar el referéndum con que los saharauis elegirían entre la independencia o la integración a Marruecos. En realidad, imponía impedimentos tales como no permitir que el referéndum se efectuara en las zonas donde viven los saharauis, sino sólo en la que ese reino ocupa. Hoy reconoce que las Naciones Unidas están involucradas en una negociación, pero denuncia que todas las acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Sahara son un reconocimiento “de hecho” de la RASD en lo que Marruecos llama la “zona cojín” allende el muro.

 

 

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