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Francesca GARGALLO, “La política de las mujeres y la coyuntura electoral”, en torno a las elecciones de 2006.

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La política de las mujeres y la coyuntura electoral

Dra. Francesca Gargallo

Academia de Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM
Sociedad de Estudios Culturales de Nuestra América

 

Es común escuchar que las mujeres en México no consideran la política un asunto de su incumbencia. Y, en efecto, a las preguntas de la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, diseñada en 2003 por la Secretaría de Gobernación, el 50% de ellas respondió que ni siquiera lee noticias sobre el tema. Durante la Encuesta Nacional sobre la Constitución, efectuada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el mismo año, sólo el 3% afirmó “saber mucho” de los derechos establecidos en la Constitución. Este tipo de respuestas lleva por lo general a los encargados de los diversos institutos de las mujeres, tanto el nacional como los estatales, a las mismas conclusiones: que hay que educar a las mujeres para contrarrestar la persistencia de orientaciones y valoraciones discriminatorias con respecto a su participación en el ámbito público.[1]

En semejante encuestas nunca hay, sin embargo, ninguna pregunta sobre la vida social de las mujeres, ni intento de valoración alguno de las ideas de las mujeres de qué es público y qué es privado ni, sobre todo, dudas acerca de si comparten la idea, generalizada desde la segunda mitad del siglo XX, que la preeminencia de lo privado corresponde a una ética de los solitarios y la preeminencia de lo público, a una ética de la solidaridad.[2] Es decir, si es cierto que lo público es para las mujeres el único ámbito de intercambio solidario.

Estas encuestas son dirigidas a obtener datos que confirman prejuicios; por ejemplo, no indagan acerca de cómo las mujeres construyen una voz que les permita hablar de su participación en la vida social, de lo político que son los lazos de solidaridad que tejen en el barrio, la aldea y las organizaciones, y de los procesos que median sus decisiones individuales con los fenómenos macrosociales. Las negociaciones en las relaciones con un hombre que controla sus vidas y ejerce violencia no son vistas como políticas, ni siquiera para quien debería tener plena conciencia de que la sexualidad femenina es “subordinada a formas inequitativas de poder entre los géneros”.[3]

La escala tradicional de valores políticos que subyace a la planeación de estas encuestas ha creado una jerarquía fija, absoluta, entre ellos y, por lo tanto, ha incapacitado a los analistas para comprender que los valores políticos dependen de la naturaleza de la situación de las personas que los asignan y/o que los respetan. Si no se interpretan las cualidades estructurales de la participación, la atención a los cambios, el deseo de incidir en la vida colectiva de las mujeres, va a ser imposible advertir la complejidad de las respuestas morales con que ellas enfrentan la vida pública. Las mujeres no se interesan en la política entendida exclusivamente desde la perspectiva de la participación electoral, porque no están seguras de que ésta recoge sus intereses, y temen que les produzca más deberes de los que ya deben enfrentar en su vida social y privada, a cambio de derechos que no son exactamente los que ellas reivindican, o que desearían reivindicar. Sin embargo, la mayoría de las mujeres cuando se reúnen en colectivo se identifican con valores netamente políticos, cuales los de respeto de las diferencias, de libertad, y, en particular, de justicia. Considerando el peligro concreto de la violencia misógina (tanto intrafamiliar como en los espacios públicos, ésta recorre la amplia gama que va de la amenaza al asesinato), el escaso acceso a una justicia reparadora, la falta de reconocimiento, la marginación y la discriminación laboral, la baja participación de las mujeres es fruto de una evaluación política negativa de la acción gubernamental.

Y aún así es suficiente una esperanza de cambio, para que ellas se vuelquen a la militancia y las urnas. Según Adriana Ortiz Ortega y Marta Rivas Zivy, del Colegio de México, en julio de 2000, las mexicanas votaron masivamente por la alternancia en el poder, poniendo fin a 70 años de monopolio político del Partido Revolucionario Institucional: “Las mujeres y los jóvenes representaban una proporción muy importante del electorado, siendo las mujeres la mayor proporción del padrón nominal de electores. Hubo un total de 58.7 millones de participantes, 42% hombres y 51.8% mujeres que sufragaron su voto”.[4]

De hecho, las mujeres en México han demostrado históricamente un interés elevado por la participación colectiva. Para muchas de ellas es un valor reunirse, asociarse, trabajar conjuntamente: lo hacen para sobrellevar el peso de las crisis económicas y para planear un futuro mejor; lo hacen como artesanas, como miembros de una iglesia, como grupos de estudio, como comerciantes, madres, empresarias, lesbianas, campesinas, trabajadoras domésticas, prostitutas, académicas, etcétera. No siempre conforman o se adhieren a asociaciones políticas, pero se reúnen con el fin de solucionar algún problema material o espiritual en colectivo. Es decir, se ubican fuera del ámbito estrictamente privado, aunque su acción pública no esté dirigida a lo político entendido desde la perspectiva de la participación electoral.[5]

En las encuestas efectuadas por el equipo que redactó Human Beliefs and Values, un análisis comparativo entre 80 naciones acerca de los valores a los que una sociedad asigna una importancia individual y/o colectiva, el 31 % de las mexicanas afirmó que está interesada en política, el 35% ha firmado alguna petición, el 16% se ha sumado a algún boicot, el 9% ha participado en huelgas, el 5% ha ocupado edificios públicos o empresariales, el 53% se considera de derecha, el 15% de izquierda y el 38% de centro; el 30% de ellas desea cambios de características conservadoras, como mayor apoyo para la estabilidad familiar, el 17% opina acerca de la necesidad de cambios radicales para la vida social de las mujeres como mayor libertad de movimiento y opinión,  el 57% estaría a favor de reformas sociales y económicas, pero sólo el 7% espera que los cambios vengan de la legislación o, en general, del gobierno.[6]

Estos datos exigen una reflexión sobre la relación entre intereses políticos (con sus múltiples expresiones) y la necesidad de las democracias liberales de validarse a través de la participación electoral, considerándola como el punto álgido de la expresión de la voluntad de los individuos. Voto y democracia se han identificado al tal punto en la concepción individualista de la política que hay una tendencia a creer que una persona participa en política sólo cuando emite su voto o cuando actúa para ser votada.

En este sentido, el estado liberal sostiene que hay una única naturaleza humana, igual entre hombres y mujeres, y que, cuando se acaben las injustas discriminaciones a que están sujetas, éstas lograrán la igualdad con los hombres y buscarán su derecho a autorealizarse en el mismo ámbito que aquellos. La perspectiva liberal de la política tiene dificultades para plantearse una acción política diferenciada -eso es, una actuación positiva de la diferencia sexual en política- o el reconocimiento de que son políticas muchas más acciones que las electorales.

La igualdad legal entre mujeres y hombres, al encontrarse enfrentada con la discriminación real, según esta corriente de pensamiento puede alcanzarse a través de la superación de la discriminación mediante acciones legislativas. Esta idea ha implicado que las mujeres liberales fueron capaces de enfrentar el status quo de la política para conseguir cierta reestructuración de la sociedad: lucharon a finales del siglo XIX por el sufragio femenino, y, retomando las ideas de discriminación positiva para subsanar una desigualdad de hecho de tinte sexista, que en Estados Unidos ya se había llevado a cabo para subsanar problemas de racismo en las universidades, a finales de la década de 1980 reclamaron un número fijo, obligatorio, de lugares en las estructuras de los partidos, los gobiernos y, sobre todo, en las listas electorales, las así llamada “cuotas” de participación.

Las feministas de pensamiento socialista apoyaron las cuotas de mujeres. Para ellas lo humano es histórico, es creado por la misma acción de las personas en relación dialéctica con las pautas culturales que asignan a las mujeres y los hombres trabajos y valores diferenciados (es decir, los construyen como miembros de un género), sus concretas necesidades bio-sociales, así como con el medio ambiente. Las desigualdades no se dan entre los sexos sino entre los géneros, entendidos éstos como el resultado de asignaciones de deberes, derechos, valores, trabajos, tareas y lugares jerárquicos que una sociedad determinada impone a las personas según el reconocimiento de sus genitales al nacer. Para las socialistas, las causas de la subordinación de las mujeres responden a la combinación de dos factores dominantes: el capitalismo y el patriarcado, que se refuerzan uno a otro. Para ellas la actuación política es fundamental, pues consideran que todos los ámbitos de la vida son intrínsecamente políticos. Para subsanar la discriminación, no puede desecharse ningún instrumento de lucha, y los tradicionales como el de la representación en las cámaras legislativas son considerados fundamentales para lograr el reconocimiento de lo político de los asuntos personales, de la democratización económica de la vida social, de la procreación y del cuidado materno-infantil.

En México, la reivindicación de cuotas de mujeres en los partidos políticos fue presentada por una corriente mayoritaria del feminismo mexicano en el seno del Segundo Encuentro Nacional Feminista en Acapulco. De origen socialista o social católico, estas feministas eran dirigentes o ideólogas de grupos numerosos; propusieron una “acción positiva” para las mujeres, a imagen y semejanza de la affirmative action de Estados Unidos,[7] y pretendían que era urgente, impostergable, para que las mujeres actuaran políticamente. Las feministas no adscriptas a grupos, las que provenían del movimiento de liberación de las mujeres, las que propugnaban una estricta autonomía del feminismo de la política de los partidos y la política de representación, afirmaron que la discriminación positiva implícita en la acción positiva debía ser dialogada entre mujeres antes de ser propuesta como línea a seguir. A la vez, no garantizaba que las mujeres que contendieran por un puesto político fueran progresistas e inteligentes. Finalmente, que la acción positiva no subrayaba la relevancia política de las acciones de las mujeres en los ámbitos autónomos, ni esclarecía que la subordinación de las mujeres es el resultado de un conflicto que atraviesa la historia, con todo y sus conflictos de jerarquías étnicas, de clase y de ubicación geográfica, que los hombres han resulto hasta el momento a favor de su control de los cuerpos, la reproductividad, el trabajo y la inteligencia de las mujeres.

Sin embargo, a finales de los 1990, para cumplir con los compromisos de la Declaración y la Plataforma de Acción  de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujer de Beijing, de 1995,  sobre la potenciación del papel de la mujer en condición de igualdad en todas las esferas de la sociedad (artículo 12 y 13),[8] el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales determinó en los artículos 175-A y 175 B que “de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género”. Asimismo, “las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político”. En 2002, el Código Electoral del Distrito Federal, en su artículo 9°, fue más allá al proponer que los partidos políticos o coaliciones procuraran que los candidatos postulados no excedieran del 50% de un mismo género, agregando “y en ningún caso, podrán registrar más de 70% de candidatos propietarios de un mismo género”.

 En el momento actual, pese al apoyo que la idea de cuotas igualitarias ha recibido del gobierno de la presidenta de Chile, señora Bachelet, que ha organizado su gabinete con un número casi igual de mujeres y hombres (de 20 ministros, 11 son hombres y 9 mujeres), en México sólo el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, cuya línea mayoritaria reivindica un origen y proyecto feministas, se aboca a la igualdad entre géneros en la distribución de los cargos. Todos los demás partidos acatan un 30% de mujeres para cargos de elección popular, pero las empujan hacia suplencias o lugares remotos en las listas plurinominales (es decir, hacia ese porcentaje de las curules en las cámaras que se asignan no por persona sino por partido. Cada partido determina los nombres de los posibles ocupantes de los espacios que le son asignados en las listas plurinominales de acuerdo a su porcentaje de votos, a sabiendas que los últimos lugares no entran. De tal modo, cuando en el diseño de las listas ponen a las mujeres donde no tienen posibilidades de ganar, están burlando la disposición de ley).

 En estas condiciones es bastante fácil comprender por qué la mayoría de las mujeres, en encuestas que identifican la actividad política con la participación electoral, responden no estar interesadas en el tema. Algunas han sido víctimas de la manipulación de los partidos para aprovechar su voto, otras se han decepcionado después de una participación que las dejó frustradas, la gran mayoría no reconoce su historia personal y colectiva como mujeres en la historia de una actividad política que el discurso oficial le reconoce como una concesión y no como un logro.

Las organizaciones y los argumentos sufragistas que llevaron a un cuestionamiento del liberalismo cuando las mujeres intentaron universalizar sus principios de igualdad y libertad, las demandas de participación política de las socialistas, las reflexiones sobre la dicotomía entre público y privado, han sido excluidos de la historia de la democracia mexicana, donde el discurso oficial afirma que el voto activo fue “concedido” a las mujeres en 1947 y el pasivo en 1953 por un gobierno paternalista.[9] Sólo en la literatura feminista pueden encontrarse la historia de lucha que ha implicado el voto de las mujeres y las perspectivas teóricas de la política de las mujeres; pero ésta es leída casi exclusivamente por militantes y estudiantes y no incide en una conciencia de la participación política de las mujeres en general. A la vez, la presencia electoral de las mujeres es silenciada y nunca se ha acompañado de una mayor incidencia en la agenda de los partidos para incluir asuntos centrales para ellas. Es sintomático que en 2001 se aprobaran sólo 2 de 39 reformas relativas a la mejora de condiciones de vida para el género femenino.

A principios del siglo XXI, la política de las mujeres prefiere enfrentar problemas como la violencia social, familiar y personal, la pauperización de los núcleos familiares presididos por mujeres, el significado de un asistencialismo que no garantiza el derecho a la salud de mujeres y hombres, la migración, el laicismo, el acceso a una educación formativa y no sólo pragmática y otros temas de fondo. De ahí que, frustradas las expectativas de cambio que impulsaron su gran participación en 2000, las mujeres no están muy interesadas hoy en unas elecciones en las que ningún partido incluye en su plataforma asuntos centrales para sus vidas.


[1] Rodrigo Alonso Cárdenas Gómez, “Las mujeres en México: participación y cultura política”, en Este país. Tendencias y opiniones, n. 152, “Los valores de los mexicanos”, noviembre 2003, México DF,  p. 6 del encarte”Conociendo a los ciudadanos mexicanos”.

[2] Humberto Cerroni, Reglas y valores en la democracia. Estado de derecho, estado social y estado de cultura, Alianza editorial-Consejo nacional para la Cultura y las Artes, México, 1991, p. 48.

[3] Rosalind Petchesky y Karen Judd (compiladoras), Cómo negocian las mujeres sus derechos en el mundo. Una intersección entre culturas, política y religiones, El colegio de México, México DF, 2006, p. 24.

[4] “Prefacio a la edición en español”, Rosalind Petchesky y Karen Judd (compiladoras), Cómo negocian las mujeres sus derechos en el mundo. Una intersección entre culturas, política y religiones, op. Cit., p. 24.

[5] La participación política les provoca más bien “desconfianza”: “los mexicanos se han hecho más desconfiados en la última década, y la desconfianza política continúa predominando en sus valores políticos”. Miguel Basáñez y Alejandro Moreno, “Cambio de valore sen México 1980-2000”, en Este país. Tendencias y opiniones, n. 152 “Los valores de los mexicanos”, noviembre 2003, México DF,  p. 53.

[6] Ronald Inglehart, Miguel Basáñez, Jaime Diez-Medrano, Loek Halman y Ruud Luijkx, Human Beliefs and Values. A cross cultural sourcebook based on the 199-2002 values surveys, Siglo XXI editors, México, 2004.

[7] Eli Bartra, “Tres Décadas de neofeminismo en México”, en Eli Bartra, Anna M. Fernández Poncela y Ana Lau, Feminismo en México, ayer y hoy, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2000, p.55.

[8] IV Conferencia Mundial de la Mujer. Declaración de Beijing. Plataforma de Acción, Comisión Nacional de la Mujer-UNICEF-Milenio Feminista, México, 1999, pp. 16-17.

[9] Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ediciones Mundi Prensa, Nueva York 2002, la mujeres “recibieron el derecho” a votar en 1947, a ser elegidas en 1953, pero en 1952 por primera vez una mujer fue asignada al Parlamento. En el año 2000, en México sólo el 11% de los puestos en el Gobierno a nivel ministerial eran cubiertos por mujeres; y en la Cámara Baja había un 16% de escaños femeninos, en el Senado un 15,6%.

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