• La maternidad voluntaria es indispensable para gozar del derecho a la vida de las mujeres

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Francesca GARGALLO, «La maternidad voluntaria es indispensable para gozar del derecho a la vida de las mujeres», participación en las clases preparatorias a la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2010.

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Francesca Gargallo

 

Hace un año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tras una amplia consulta y debate público con la población capitalina, despenalizó la práctica del aborto en los hospitales públicos durante las doce primeras semanas de gestación, en una histórica votación que, recogiendo veinticinco años de demandas feministas, dejaba en completa libertad a las mujeres para decidir la suspensión del embarazo en la Ciudad de México.

El 23 de abril de 2008, este derecho se amplía a las clínicas del sistema de salud del Distrito Federal, mientras, por un lado, las mujeres feministas y progresistas plantean la necesidad urgente de extenderlo a todo México, y por el otro, varios grupos de mujeres conservadoras, apoyadas por la asociación de abogados católicos, pugnan para que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procedan a declarar la inconstitucionalidad y, por tanto, la invalidez de las normas generales que despenalizan el aborto.

Los grupos Manos a la Vida y semejantes alegan que existe “evidencia científica” de que el embrión humano posee características que lo configura como un sistema orgánico que no es parte de la madre, y que, por lo tanto, es un “individuo vivo de la especie humana, diverso a su madre”. Con este argumento sostienen que el feto es un individuo,  y, por ende, la interrupción del embarazo es un asesinato. Se quieren acoger al artículo primero de la Constitución que sostiene que “en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.

En este clima político es importante recordar qué es la ciencia, ese paradigma moderno de la verdad investigable, que las iglesias, y en particular la católica, en ocasiones satanizan y en otras utilizan para defender sus prejuicios morales contra las libertades civiles, en particular contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su proyecto de vida, su cuerpo y su sexualidad.

Las supuestas “investigaciones recientes” que demuestran la autonomía orgánica del feto, y aún del embrión, son tan novedosas que desmienten todo lo anterior en estudios reproductivos. Esta ciencia borra cualquier duda acerca de dónde y cuándo el individuo se conforma como tal: éste deja de ser un ser social, un ser político, un ser racional, en él no intervienen ni la moral, ni los proyectos vitales ni las condiciones educativas y socio-económicas. Parecería que un individuo es única y exclusivamente un ser orgánicamente autónomo de la madre.

No pretendo meterme en el berenjenal teológico –ni en sus derivaciones morales-, pero creo recordar que para el cristianismo el individuo, independientemente de su sexo, es un ser dotado de un alma individual y de libre albedrío. Es decir, un individuo es un ser humano capaz de tomar conscientemente una decisión sobre una buena o una mala acción. No creo que un feto pueda hacer tal cosa, ni nada demuestra que “potencialmente” podrá hacerlo en alguna ocasión, entre otras cosas porque el 60% de los embarazos se interrumpen naturalmente.

Es igualmente importante resaltar que antes de la aprobación de la nueva legislación, en el DF la interrupción del embarazo era la cuarta causa de muerte materna (morían al menos 14 mujeres anualmente), mientras a sólo un año de la despenalización se ha registrado en la capital una muerte y se han practicado 7776 abortos (a nivel nacional, por su situación de ilegalidad, el aborto provoca la muerte de dos mujeres a la semana, convirtiéndose de hecho en un feminicidio legalizado). El derecho a la vida de las mujeres no entra en contradicción con su libertad de elegir: quien quiere abortar en un hospital conserva la vida propia -una vida consiente y moral-, mientras una de cada tres mujeres que acude a recibir asistencia para un legrado desiste después de la consejería médica.

En México, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la industria del aborto clandestino genera alrededor de 100.000 millones de ganancias anuales, aunque la cifra pudiera ser mayor. Un aborto seguro –judicial e higiénicamente- en condiciones de ilegalidad cuesta, en efecto, un promedio de 20 mil pesos entre quirófano y mordidas. Moral y dinero no deberían aliarse contra la vida de las mujeres, entre otras cosas porque muy poco tienen en común de no ser que la primera considera el desembolso del segundo como una forma de expiación.

 Desde la perspectiva de la libertad individual y del derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la posibilidad de decidir sobre si continuar o no un embarazo no deseado o con riesgos de salud para la madre o el feto implica el goce de una garantía. Los métodos anticonceptivos llegan a fallar, y además los proyectos de vida pueden cambiar según las condiciones que una mujer o un hombre atraviesan.  La proyección que una chava hace a futuro de su vida tiene igual valor que los proyectos de estudio, viaje, superación económica, búsqueda afectiva de un muchacho, con la carga suplementaria que las crisis hormonales, los cambios en el aspecto físico y los efectos sociales de un embarazo recaen completamente en el cuerpo de la mujer.

No es casual que en la capital mexicana, así como en la mayoría de los países donde el aborto el legal, siguen existiendo abortos clandestinos entre los sectores más conservadores de la sociedad, es decir los más altos y los más bajos de la escala socio-económica: éstos son los que necesitan controlar a las mujeres para perpetuar su moral de dominación sobre todos los miembros de la familia y el entorno. La libertad de decisión de una mujer es siempre una garantía que pone en riesgo el sistema de opresión entero.

 

 

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