• El golpe de estado en Honduras: ¿fin de las democracias como sistema político del neoliberalismo?

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Francesca GARGALLO, “El golpe de estado en honduras: ¿fin de las democracias como sistema político del neoliberalismo?, ponencia leída en el Primer Encuentro sobre Honduras, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Cuautepec, 10 de agosto de 2009.

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Francesca Gargallo
UACM-SECNA

Desde el 28 de junio de 2009, día en que las fuerzas armadas de Honduras se apersonaron en la residencia del presidente Manuel Zelaya y, en calzoncillos, lo expulsaron del territorio nacional, detuvieron a 8 de sus ministros y dieron paso al nombramiento deRoberto Micheletticomo presidente provisional, yo me vengo preguntando si en ese país de Centroamérica inició el fin del periodo que podríamos denominar de “tránsito a la democracia”. Eso es, si el golpe de estado en uno de los países más pobres de América (Haiti, Nicaragua y Honduras están en el piso de la pobreza continental), con una tradición de haber servido de terreno de asentamiento de las fuerzas reaccionarias del área contra los gobiernos progresistas del Istmo, desde el derrocamiento de Árbenz en 1954 hasta la guerra que libró contra Nicaragua la así llamada “contra” con apoyo militar estadounidense, no marca la terminación de un periodo estratégico preciso, el que, durante más de veinte años, el sistema económico neoliberal liderado por el capital estadounidense y europeo invirtió para hacer coincidir la democracia con la emisión del sufragio y crear una identificación entre democracia y sistema económico liberal global.

De ser así podríamos entender que el sistema neoliberal ha entrado en una crisis terminal y ya no puede sostener, so pena de ser revertido por las organizaciones populares que enarbolan demandas de justicia social, en particular la redistribución de las riquezas, el supuesto que un gobierno democrático debe apoyar únicamente la economía de libre mercado y, a la par, reprimir las manifestaciones sociales de protesta con medios legales, sin recurrir abiertamente a un poder que no sea el de elecciones que sólo pueden ratificar la organización socio-política de la economía global.

Un análisis de qué ha significado la legalidad del estado en el período neoliberal nos llevaría a una reflexión que nos rebasa. Baste decir que es una legalidad que ha podido criminalizar la protesta social y combatir las ideas políticas que han cuestionado el fundamentalismo del libre mercado como la única economía válida.

Después de haber sido formulada por Ronald Reagan y Margareth Tatcher a principios de la década de 1980, la teoría de la única vía para el desarrollo de la economía mundial, se encontró con la crisis del modelo del socialismo de estado en Europa del este y Asia y con la finalización sea de las dictaduras militares sea de las guerras de liberación nacional en América latina, África y Asia. Es a raíz de este “encuentro” que se vino gestando a nivel global la idea que la democracia, entendida de forma muy restringida como gobierno emanado de una voluntad popular sometida a la información permitida por el estado y  las transnacionales de la información, es el sistema para toda sociedad, no importa qué tipo de producción y economía tenga, ni qué composición nacional implique. La democracia, desde esta perspectiva, era el sistema del crecimiento económico neoliberal y el liberalismo daría sus frutos sólo al interior de un sistema democrático. Por supuesto, durante 20 años los productores y vendedores de armas hicieron su agosto vendiendo la idea de que la democracia debe ser protegida militar y policiacamente.

Ahora bien, en Honduras la democracia sirvió hasta que el presidente Zelaya, elegido por voto mayoritario y al interior de un bipartidismo histórico, empezó a reconocer cierta importancia y viabilidad a las protestas y demandas populares, incrementando el salario de las y los obreros de la maquila, consultando dirigentes indígenas y campesinos para la formulación de una política agraria, y con ello a confrontar la impunidad e inamovilidad de los sectores oligárquicos de su país. En una Centroamérica donde las derechas han enarbolado durante todo el siglo XX el fantasma del comunismo para justificar el militarismo y las dictaduras, que Zelaya se haya acercado al pacto comercial del ALBA con Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Nicaragua, Ecuador, mientras en El Salvador después de dos décadas de gobiernos de extrema derecha asumía la silla presidencial un candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en Nicaragua está en el gobierno el ex sandinista Daniel Ortega (hoy un oligarca de clan familiar con vínculos con terratenientes y altas jerarquías eclesiales, sin embargo relacionable históricamente con la revolución de 1979) y en Guatemala gobierna el socialdemócrata moderado Colom, la identificación de Zelaya con el comunismo o, más bien, con su paladín contemporáneo Hugo Chávez, prendió de inmediato entre los sectores empresariales, las iglesias católica y neoevangélicas y el ejército.

Debilidad del sistema neoliberal y afanes protagónicos impulsados por el miedo de las viejas oligarquías económicas e ideológicas en Honduras se conjuntaron. Igualmente en Centroamérica están midiendo sus fuerzas las corrientes no-belicista y pro-belicista de Estados Unidos, la primera tendiente a un control blando del norte sobre el centro y el sur de América y la segunda, conformada por mandos del Pentágono, el Partido Republicano y el Clan Clinton al interior del partido demócrata, partidaria del control económico por la vía militar de un mercado que puede serle arrebatado por un pacto económico local que temen se le escape de las manos.

Por supuesto, el golpe de estado ha delatado también el tamaño del descontento popular en Honduras. Desde hace dos meses sectores muy diversos de la economía y la política del país manifiestan en la calle su repudio al golpe, su desprecio por el contubernio entre iglesias, militares, terratenientes y empresarios, proclamando un apoyo irrestricto al retorno de Zelaya como presidente legítimo. Organizaciones indígenas, del campesinado, de derechos humanos, obreras y obreros, desempleados, vendedores de la calle, maestras y maestros, estudiantes han conformado un Frente Cívico Nacional o Bloque de Resistencia al Golpe acompañado críticamente por el grupo Resistencia Feminista. A pesar que desde el 1 de julio, el gobierno de facto de Micheletti ha suspendido las garantías individuales, impuesto saltuariamente toques de queda en todo el país, amedrentado las radios comunitarias y prohibido las transmisiones de cadenas informativas internacionales, los sectores populares hondureños con sus manifestaciones continuas y el desafío a las fuerzas policíaca y militar demuestran que la aseveración de los jueces, el congreso, las fuerzas militares, las iglesias y los empresarios de que el gobierno de Micheletti es una sucesión presidencial legal, no es creída, y es repudiada, por las mayorías del país.

Por lo menos cinco muertos, decenas de heridos, centenares de presos y desaparecidos, han avivado más que detenido el movimiento popular que ahora organiza caminatas desde todo el país hacia la capital, huelgas, plantones, marchas de repudio, pintas por las calles y en lugares emblemáticos. Con poquísimos recursos económicos, los manifestantes se sostienen por el apoyo que reciben de toda la población que aporta víveres para las ollas comunes, agua y cobijo.

Esta resistencia popular parece más eficaz y determinante contra el gobierno golpista de Micheletti que las acciones internacionales. No obstante, desde el 30 de junio la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que pide el restablecimiento del Presidente Zelaya, la OEA ha expulsado a Honduras de su seno mientras no vuelva Zelaya al poder y la Unión Europea se ha negado a reconocer el gobierno de facto, deteniendo todo intercambio comercial.

Quizá valdría la pena aventurar que la crisis de la rectoría del estado en la organización económica de la vida de las naciones provocada por veinte años de neoliberalismo, ha puesto en crisis también el sistema internacional, permitiendo que el grupo conservador de un pequeño estado responda más a los grupos conservadores de los países vecinos y otras naciones que lo apoyan que a las instancias de gobierno supranacionales. Por ello Micheletti no entrega el poder usurpado a pesar de las presiones internacionales.

No obstante, una vez rota la valla de contención de las fuerzas populares construida por el neoliberalismo, el estado tampoco tiene más control de las fuerzas populares que el que puede obtener mediante un baño de sangre.

Micheletti está perdido, pero es importante recordar que cada día en que se mantiene su gobierno de facto implica una mayor pauperización de la economía de un país pobrísimo por causa de la pésima redistribución de los recursos, así como el riesgo de muerte, detención, tortura, desaparición y detención de las mujeres y los hombres que se están manifestando en todo Honduras por el retorno de un presidente que las oligarquías –con su golpe- han convertido en un símbolo popular.

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