Archivos Mensuales: diciembre 2013

2013: Aplauso a las mujeres que se defienden

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2013: Aplauso a las mujeres que se defienden

Una cultura de paz pondrá fin a la violencia contra las mujeres

Francesca Gargallo Celentani

2013 cierra en México con una manifestación de mujeres. Están furiosas porque la justicia para las mujeres no parece interesar a las autoridades judiciales y legislativas del país. Las mujeres son siempre culpables, hagan lo que hagan, sean víctimas o intenten defenderse, estén muertas o busquen los medios para superar una agresión.

¡Basta ya!, gritan amas de casa, estudiantes, feministas, activistas sociales, madres de desaparecidas/os, anarcos antipatriarcales que se encuentran en la Ciudad de México el 29 de diciembre, a las 12 del día. “Machete al machote”, “La violación es un crimen, defender tu vida no”, “Es injusto y es un crimen que te encarcelen por defenderte”, “No es no”, “En México la justicia protege a los violadores y encarcela a las víctimas”, “A las mujeres que se defienden: aplausos, respeto, apoyo, admiración”, rezan los carteles.

Se han reunido en el Ángel de la Independencia para reclamar la liberación de Yakiri Rubí Rubio Aupart, una joven de 20 años que subida a la fuerza a la moto de los hermanos Ramírez Anaya, se vio arrastrada a un hotel en la colonia Doctores donde sufrió una violación por Miguel Ángel, acompañada del intento de una ulterior violación por parte del hermano menor. Yakiri aprovechó que Miguel Ángel sacara un cuchillo e intentó arrebatárselo para defenderse. Está harta como todas las mujeres de México de sufrir violencia por el solo hecho de ser mujer. Forcejeó. Lo hirió de un corte en el aorta. Los hermanos huyeron. Ella se apersonó a las 8 de la noche del 9 de diciembre ante un Ministerio Público para declarar contra sus agresores. Éste la arrestó. El violador había muerto. Su machismo lo había matado: con tal de no ir al hospital y declarar que había sido apuñalado por una mujer que pesaba la mitad que él, se dejó desangrar en la casa donde corrió a refugiarse.

El delito de homicidio calificado, imputado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra Yakiri Rubí Rubio Aupart, es una agresión más contra las mujeres. En 2013,  en México, una mujer cada 4 minutos y medio ha sido violada. Un estimado de 112,000 mujeres, de las cuales menos de 15 000 han presentado denuncia. La mayoría de los agresores quedan impunes, entre otras cosas porque las víctimas saben que llegar a denunciar las revictimiza: interrogatorios ofensivos, presunción de culpabilidad o complicidad, exámenes médicos apresurados y vejatorios. ¿Qué hacías a esa hora en la calle? ¿Te parece modo de andar vestida? ¿No querías vengarte de él porque te ha dejado? Cuando la víctima conoce al violador, de hecho es considerada una mentirosa. El androcentrismo de la cultura mexicana descansa en una ley –y sobre todo en unos custodios de la ley- que prefieren a los hombres, hagan lo que hagan.

Amnistía Internacional, desde 2012, ha asumido la causa de las mujeres en México y ha presentado datos aterradores ante la Organización de las Naciones Unidas: el promedio de juicios por violación en México es de 2.3 por cada 10 denuncias; de cada 21 casos de violación sólo uno de los autores del crimen es condenado.

En febrero de 2013, la Secretaría de Salud admitió que una mujer cada 4 minutos sufre una violación en México. En la primera semana del mes, seis turistas españolas habían sido violadas en Acapulco y el presidente municipal del puerto había dado a entender que eso era “normal”. La alarma sonó en el sector turístico, pero, tal y como sucede con las denuncias de las organizaciones de mujeres, no gubernamentales y públicas, no logró sacudir a las autoridades. La tasa de ataques sexuales contra las mujeres no sólo aumenta cada año, sino que se ha hecho cada vez más brutal. Como en el caso de la violencia contra migrantes, periodistas, comerciantes, campesinos de ambos sexos, matar a las mujeres por ser mujeres, es decir cometer un feminicidio, se ha vuelto un hecho común que se acompaña de secuestro, privación ilegal de la libertad, tortura.

En marzo de 2013, Adriana Navarro entrevistaba a Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para CNN: “Podemos decir que hay mucho más de 112,000 violaciones al año. Esta cifra la tomamos con base en los estudios de inseguridad que indican que por cada delito denunciado hay ocho que no se revelan”, reconoció el funcionario.

Y de repente Yakiri Rubí Rubio Aupart, después de una primera violación logra defenderse de la segunda. Hiere a sus agresores, los pone en fuga. Con ello les devuelve su dignidad de persona a las mujeres todas. Por ello también la cultura androcéntrica generalizada la condena. Necesita condenarla. De la misma manera las mujeres necesitan defenderla y reivindicar para sí la equivalencia de trato con los hombres a la hora de exigir justicia. No es justo que una mujer no tenga derecho a la legítima defensa en caso de repeler un ataque sexual.

No es justo que las mujeres sean violadas, torturadas, detenidas por las organizaciones criminales que las tratan, el ejército que necesita chivos expiatorios y las autoridades policiales que reprimen. En febrero de 2011, Miriam López, una ama de casa de Baja California con cuatro hijos, fue detenida, violada, torturada con descargas eléctricas y asfixiada para que se declarara culpable de un delito que no había cometido o acusara a otras personas. Resistió. Finalmente, después de siete días fue puesta bajo arraigo y, posteriormente, transferida a un centro de detención. A los ocho meses fue liberada sin cargos. Miriam López ha tenido el valor de denunciar a los militares. Su esperanza estriba en que su caso no se repita, pero hasta el momento nadie ha sido procesado.

Tampoco es justo que las mujeres de 18 de los 31 estados de la república tengan prohibido abortar en absoluto, en nombre del derecho a la vida desde la concepción de fetos que ni siquiera tienen garantizado llegar al fin de la gestación. Si bien algunas mujeres logran rascar el fondo de sus ahorros para llegar a la Ciudad de México y realizarse una interrupción legal de sus embarazos, también ocurren casos como el de Adriana, una mujer de 25 años del pueblo me’phaa, que fue encarcelada en Guerrero durante seis años por el supuesto delito de “homicidio en razón de parentesco” (delito por el cual había sido condenada a 22 años de reclusión, cuando a un hombre que mata a su esposa en promedio le caen 7 años de prisión, si es que lo condenan). En realidad sufrió un aborto espontáneo, pero los médicos de Ayutla de Los Libres se apoyaron para denunciarla en el estigma que sufría en su comunidad, El Camalote, por ser una mujer que se había vuelto a juntar con un hombre después de que su primera pareja la dejó con dos hijos para migrar a los Estados Unidos.

De 2007 a la fecha, 657 mujeres han sido procesadas en los estados de Guanajuato, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco y Queretaro. Fueron condenadas a purgar penas de entre 25 a 29 años cuando sentenciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, por haber perdido sus fetos en los últimos meses de embarazo. Las que han logrado ser sentenciadas “sólo” por aborto pasan entre uno y cinco años presas. La criminalización del derecho a decidir sobre sus deseos, su vida y su cuerpo de las mujeres es un hecho que hay que revertir en México. También por ello se manifiestan las mujeres.

Y porque la violencia feminicida se incrementa sin cesar sin que haya ninguna manifiesta pretensión de ponerle fin. Dependiendo de los estados, de 2009 a 2013 los asesinatos de mujeres subieron de un 100% en el Distrito Federal a un 400% en Chihuahua y Coahuila.

De acuerdo con los Resultados del Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia Contra las Mujeres (http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/103/1/images/1Presentacion
ResultadosEstudioNacionalsobrelasFuentesOrigenes.pdf
), presentado en 2012 por la subsecretaría de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, las nueve entidades que registran una tendencia creciente de feminicidios son Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. No obstante, ni una sola alerta de género ha sido promulgada en el país. Demandadas por los institutos de las mujeres locales, por las Organizaciones No Gubernamentales y por las asociaciones feministas, han confrontado siempre una negativa.

El 1 de julio de 2013, las y los diputados de la nación, de diferentes entidades del país y distintos partidos políticos declararon no estar sordos ni indiferentes a las necesidades de las mujeres: “ Esta semana la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVCM) promueva la alerta de Género para el Estado de Morelos”. Alegaron que el Sistema nació para dar a las mexicanas seguridad y buena vida, sin violencia. Pero no lograron nada.

Según la periodista Sara Lovera, de La Palabra de Antígona: “En Morelos la situación es muy grave, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., ha tocado todas las puertas. Ya construye un expediente que en breve será enviado, tras varias cartas y solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma que deberá llamar a cuentas a los gobiernos estatales y federal. Esos gobiernos tienen varias y diversas solicitudes para que realmente se haga lo pertinente en los casos claros de zonas de alta peligrosidad para las mujeres. Se ha exhortado al gobierno Federal, constantemente.

Organismos civiles, como las Libres en Guanajuato, han documentado perfectamente su demanda, rechazada sin suficientes argumentos y, como en Morelos, se ha mapeado cada zona. El SNPASEVCM tiene como Secretaria Ejecutiva a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, quien apenas el 20 de junio último, en Tlaxcala dijo: “El gobierno federal y los gobiernos estatales deben mandar un mensaje claro a la sociedad, ante delitos que la aquejan como la trata de personas: No toleraremos la impunidad para quienes violen los derechos de las mujeres y atenten contra la vida de ellas y de jovencitas”.

Se tratará sólo de palabras, me pregunto, ella parecería interesada y podría desencadenar el procedimiento. Sin embargo, la respuesta en Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Morelos es el mismo: que no hay razones suficientes para la alerta”.

Al parecer, se han usado todos los recursos legales establecidos en la República para que simplemente se cumpla con la ley. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, en México cada año en promedio mil 800 mujeres son asesinadas y la impunidad supera el 90 por ciento. Las agresiones mortales contra defensoras de los derechos humanos y ecologistas van en aumento, limitando el derecho a la presencia social y política de las mujeres. La saña con que las mujeres periodistas son asesinadas, en el segundo país más violento de América contra los comunicadores, tiene viso de feminicidio. La impunidad en la trata descansa en el asesinato de las mujeres que buscan escapar y denunciar el rapto sufrido y la prostitución forzada. Pero las autoridades alegan que los asesinatos de mujeres no pueden siempre ser definidos como feminicidios.

Hartas, las mujeres diferencian sus acciones. Si el estado no las protege, ellas encuentran las formas de mostrarse su fuerza, su cuidado, su solidaridad unas a otras y revelarle al mundo su voluntad de poner fin a la violencia que sufren. El feminicidio de la joven estudiante del plantel Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Martha Karina Torres Jorge, a manos de su ex novio, estudiante de la misma universidad, provocó que las y los alumnos de la UACM comenzaran una serie de actividades encaminadas a combatir el asesinato de mujeres en México. En menos de un mes habían organizado una Jornada de Lucha Contra el Feminicidio y el concierto ¡Ni una más! Tocando Conciencias, además de la Jornada en Contra de la Violencia de Género en el plantel donde estudiaba Martha Karina. Sus maestras y los abogados de la Universidad se sumaron a la demanda de las estudiantes y hoy en la UACM hay un sistema de prevención de la violencia de género que ha dado un buen ejemplo también a las organizaciones feministas estudiantiles de la UNAM y la UAM. De ahí las importantísimas denuncias contra el acoso de los profesores a las estudiantes, que han sacudido la tradición misógina de las academias.

Paralelamente, el grupo anónimo y constante de Bordando Feminicidios, presente en diversas ciudades del país, busca instalar una cultura de la paz para que las mujeres puedan vivir libres. Bordados en primera persona por manos de mujeres y hombres, los mensajes de las mujeres asesinadas cuentan “el acto cruel que les arrebató la vida” en pañuelos que recogen su denuncia con aguja e hilo, para que nadie olvide.

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 Audios con las palabras de Yakiri, leídas por su padre, el mensaje del señor José Luis Rubio,  y de la abogada y criminóloga Olivia Rubio en la manifestación del 29 de diciembre de 2013. (Audios en: https://archive.org/details/LibertadParaYakiri)

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